El tira y afloja entre Petro y los irregulares respecto al decreto de cese el fuego bilateral trae consecuencias: el gobierno ordenó a la fuerza pública perseguir a los cerca de 3.500 combatientes que integran la última guerrilla reconocida en el país. Su argumento: la negativa del ELN a cesar sus operaciones ofensivas mientras avanzan en las negociaciones de paz. No obstante, las conversaciones continuarán en México.

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