La Fiscalía pide aplicar la doctrina Botín y no juzgar al PP por la destrucción de los ordenadores de Bárcenas. La Fiscalía de Madrid ha pedido a la juez que archive la causa contra el Partido Popular por la supuesta destrucción de los ordenadores del ex tesorero Luis Bárcenas. El Ministerio Público considera que debe aplicarse al caso la llamada doctrina Botín, que en su día libró de sentencia al banquero fallecido y ahora beneficiaría al Partido Popular. Esa doctrina establece que las acusaciones populares no pueden llevar adelante una causa si no ejercen también la acusación la Fiscalía o la acusación particular. Bárcenas fue quien impulsó la investigación penal, pero en una etapa de distensión con el PP renunció a seguir acusando, abriendo así la puerta del archivo. En cuanto a la Fiscalía, siempre ha dicho que no había indicios de los delitos de daños informáticos y encubrimiento, lo que conllevaría el cierre del caso. Ahora a ese argumento añade la falta de legitimidad para actuar de las acusaciones populares. La juez del caso y la Audiencia Provincial de Madrid ya concluyeron que sí había indicios suficientes. Por ese motivo, la única vía que le queda al PP para eludir del juicio por daños informáticos el otro delito no le afecta es que se aplique la doctrina Botín. Así lo ha solicitado también el propio partido y sus tres altos cargos imputados por los daños y por encubrimiento. Por el contrario, las acusaciones populares -Izquierda Unida, Adade y Observatori DESC- rechazan que la doctrina Botín sea aplicable al caso, ya que el perjuicio no se habría limitado a un particular Bárcenas, sino que habría alcanzado a toda la sociedad. El motivo es que los discos duros de los ordenadores contenían, según el ex tesorero, información sobre la contabilidad opaca del partido que investiga la Audiencia Nacional. De ahí la acusación de encubrimiento contra la tesorera del partido, Carmen Navarro; el responsable jurídico, Alberto Durán, y el jefe de informática, José Manuel Moreno. En principio, la doctrina Botín no les beneficiaría, porque el encubrimiento es un delito que perjudica a toda la sociedad. Sin embargo, el PP pide también archivar su causa porque al fallar el delito de base daños informático no puede acusarse por el delito que le acompaña.
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