La procuradora Margarita Cabello justificó la creación de más de 1.200 cargos en la Procuraduría con el acatamiento del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que le ordena al Estado quitarle a esa entidad la facultad de destituir funcionarios elegidos por voto popular.
Sin embargo, el tribunal internacional aclaró en un documento que no pidió ampliar la nómina, sino quitarle a la Procuraduría una función que no le pertenece.
“La reforma legal planteada por el Estado continúa permitiendo que un órgano distinto a un juez en proceso penal imponga restricciones a derechos políticos de funcionarios democráticamente electos", puntualiza el texto.
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