Ante la  57ª  sesión del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el 9 de septiembre de 2024, las organizaciones que integran la RedProdePazNicaragua denunciaron que el 15 de agosto de 2024, la vicepresidenta de Nicaragua anunció un nuevo modelo de operatividad para las ONG denominado “Alianzas de Asociación” mediante el cual las organizaciones sólo podrían trabajar con el Estado y las entidades estatales serían las encargadas de aprobar o no los proyectos de trabajo de las ONG.

Igualmente, alertan que el 20 de agosto el gobierno anunció el cierre de 1,500 ONG y la confiscación de sus bienes. Desde el inicio de la crisis, más de 5,000 organizaciones, entre ellas religiosas y universidades, han sido clausuradas.

Las organizaciones expresaron su preocupación ante la posibilidad de la instrumentalización de la reciente reforma al Código Penal del 3 de septiembre de 2024 y que se utilice para enjuiciar y confiscar los bienes de nicaragüenses exiliados o personas extranjeras acusadas de delitos contra el Estado en violación al debido proceso, permitiendo al gobierno perseguir a los activistas más allá de las fronteras nacionales.

Asimismismo, revelaron que el 5 de septiembre, 135 presos políticos fueron liberados y forzados al exilio, mientras que dentro del país continúan los ataques contra periodistas críticos y la juventud universitaria, buscando silenciar a aquellos que podrían liderar un cambio en el futuro.

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