Una empresa de residencias de ancianos vinculada con David Marjaliza, cabecilla de la trama Púnica, obtuvo concesiones de más de 50 millones de euros de los Gobiernos de Esperanza Aguirre, según consta en el sumario del caso. Las concesiones continuaron durante cinco años, incluso después de que la empresa dejase de pagar a sus empleados en 2011.
