La norma garantiza que niños y adolescentes tengan derecho a la información, asesoramiento, atención integral y asistencia jurídica gratuita. Además, refuerza los mecanismos de prevención y detección de violencia sobre menores. Por otro lado, el tiempo para que los delitos más graves cometidos contra menores prescriban comenzará a contar cuando la víctima tenga 35 años.
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