Se estima que aunque las asociaciones tienen plenas facultades para organizarse de acuerdo con sus propios reglamentos y normas internas, de ninguna manera se puede pretender legitimar conductas o prácticas reñidas con los derechos fundamentales de las personas, ni siquiera por el hecho de encontrarse vinculada a una institución sustentada en principios de jerarquía y disciplina como la Policía Nacional del Perú.
