El pasado 26 de octubre, el río Rímac, principal fuente de agua de Lima, amaneció teñido de negro, con un fuerte olor y una concentración alarmante de metales pesados. Este hecho, que constituye un grave peligro para la salud pública, ha pasado casi desapercibido para la Autoridad Nacional del Agua (ANA), adscrita al Ministerio de Agricultura y Riego y responsable de la vigilancia de los recursos hídricos del país.
A más de cuatro días del suceso, la ANA no ha emitido un pronunciamiento, lo cual ha sido duramente criticado por expertos como el exprocurador Antonio Maldonado, quien consideró esta omisión como una negligencia de implicancias penales. Yolanda Andía Cárdenas, Gerenta de Producción y Distribución Primaria de Sedapal, confirmó que el agua del río contenía sustancias altamente tóxicas como nitrógeno amoniacal, arsénico, plomo, aluminio y hierro en niveles que exceden los límites permitidos.
Ante esta situación, Sedapal tuvo que cerrar temporalmente las compuertas de sus plantas en La Atarjea para evitar que el agua contaminada llegara a los hogares limeños, lo cual supuso una pérdida de más de 140,000 metros cúbicos de agua potable. Además, señaló como responsable a la empresa Orygen, encargada de la Central Hidroeléctrica de Huampaní, debido a la proximidad de la planta con el área afectada, aunque la empresa ha rechazado cualquier vinculación con el desastre.
EXPOSICIÓN AL PELIGRO
Omar Neyra, especialista en salud pública, advirtió sobre los riesgos a largo plazo que implica la exposición al agua contaminada con estos metales pesados, señalando que el contacto prolongado podría causar daños irreparables en la salud de los ciudadanos. La situación demanda la urgente intervención de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental para investigar a fondo las responsabilidades y aplicar sanciones a quienes resulten culpables.
