Respalda Blanca Alcalá agenda política de las mujeres indígenas y afromexicanas
⚫Demandan que las 35 Casas de las Mujeres Indígenas y Aformexicanas sean un programa del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), con presupuestos dignos, etiquetado y progresivo
Nota No. 8433
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Palacio Legislativo, 06-12-2023 (Notilegis).- La diputada Blanca Alcalá Ruiz (PRI), vicepresidenta de la Mesa Directiva, respaldó a representantes de las 35 Casas de las Mujeres Indígenas y Afromexicanas que existen en todas las entidades del país y que exigen que presentan su agenda política y exigen que sea atendida y se vea reflejada en políticas públicas.
“Nos viene a contar lo que implica esta agenda política de las casas de las mujeres indígenas y afromexicanas, que recibo con mucho gusto y que haré el conocimiento del resto de las integrantes de la Mesa Directiva y que, por supuesto, hablemos también de turnarle a todas las legisladoras y de manera particular a quienes tienen relación directa con lo que implican las comisiones de Igualdad de Género y de Derechos Humanos y en una agenda transversal”, señaló.
En conferencia de prensa, Alcalá Ruiz resaltó que la propuesta de este sector de la población, al igual que otras iniciativas que han buscado perfeccionar la legislación en favor de las mujeres mexicanas, plantea parte de los retos y desafíos pendientes como son las mujeres indígenas y afromexicanas del país.
“Estoy consciente que cuando se analiza la situación de la pobreza, las más pobres de las pobres son las mujeres y dentro de las mujeres, las más pobres de las pobres son las mujeres indígenas y afromexicanas. Necesitamos pasar del discurso a los recursos, y definitivamente tendremos que hacer realidad en las próximas legislaturas para que efectivamente, los recursos no solamente sean crecientes, sino sean suficientes para lo que implica la operación y las demandas de todas y todos ustedes”, dijo.
La diputada refirió que este día se aprobaron reformas para garantizar mejores condiciones de apoyo psicológico, de atención a las mujeres durante el embarazo, la lactancia, la maternidad, entre otras.
Por su parte, Nelsy Marisela Kú Chay sostuvo que esta agenda política es la voz de las mujeres de las 35 Casas de las Mujeres Indígenas y Afromexicanas y contiene las necesidades y demandas de este grupo poblacional.
Indicó que una de las demandas es que las Casas de las Mujeres Indígenas y Aformexicanas sean un programa del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), con presupuestos dignos, etiquetado y progresivo, que permite operar todo el año, ya que las mujeres de estas casas trabajan todo el año, sin considerar si hay o no recursos.
Además, dijo, que se realicen diagnósticos oficiales con datos desagregados sobre la violencia que viven las mujeres indígenas y afromexicanas para que las instituciones correspondientes actúen con un enfoque interseccional para sensibilizar, prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia en todas sus formas.
Asimismo, agregó Nelsy Kú, que las autoridades de los tres órdenes de gobierno, así como los y las servidoras públicas, se capaciten con perspectiva de género e interculturalidad, con énfasis en la prevención y atención a la violencia de género para que brinde una atención de calidad y buen trato.
También, comentó, condicionar los apoyos de programas gubernamentales, que para continuar las mujeres y hombres beneficiarios en nuestras comunidades se capaciten para identificar y prevenir la violencia de género.
De igual forma, añadió, se requiere crear planes de seguridad y protección para defensoras de mujeres indígenas y afromexicanas y que las autoridades de los municipios y los estados hagan diagnósticos participativos para las mujeres de diferentes edades para identificar los espacios de riesgo y así tomar medidas de seguridad desde la eliminación hasta patrullar en lugares inseguros y hacer monitoreo constante en lugares que representan un riesgo.
También se busca garantizar que las instituciones responsables de impartir justicia sean suficientes y capaces para tener la enmienda constitucional de una justicia pronta y expedita, que garantice la igualdad ante la ley, mediante la emisión de sentencias que sienten precedentes de justicia ante las diversas formas de violencia y que el Estado mexicano en sus tres órdenes de gobierno cuenten con intérpretes traductores para brindar el servicio de calidad eficaz y eficiente en beneficio de las mujeres indígenas y cada uno de los integrantes de los 68 pueblos indígenas del país y del pueblo afromexicano. (...)
