El Pleno en su reunión del 15 de marzo ha aprobado la siguiente declaración institucional:
Pablo Ibar fue condenado a muerte por unos hechos acaecidos en 1994. Juzgado y condenado a pena de muerte, el Tribunal Supremo de Florida ha ordenado la revisión del caso y la repetición del juicio. No obstante, tras mós de 21 años en prisión y más de 15 en el corredor de la muerte, Pablo Mbar, que siempre ha mantenido su inocencia, tiene ante sí todavía un largo camino judicial hasta que se resuelva definitivamente su caso.
España ha venido dando muestras de apoyo a Pablo y su farriilia. Particularmente, el Senado, viene realizando esfuerzos desde hace más de una década para que su caso tuviera una solución adecuada. Ya en el 2003, Pablo Ibar fue visitado por seis Senadores y en sucesivas legislaturas su caso ha seguido siendo objeto de atención.
Recientemente, el Tribunal Supremo de Florida, en una resolución histórica, ha resuelto anular las tres condenas a rriuerte que pesaban sobre Pablo y ordenar la nueva repetición de juicio, lo que constituye una oportunidad única y extraordinaria de celebrar un juicio con todas las garantías procesales.
La Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce que ”todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”, y que “nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes". Sin duda, la existencia de la pena de muerte es rotundamente contraria a estos derechos.
La promoción de la abolición de la pena de muerte ha sido y debe segLiir sieFldo una prioridad constante de la política exterior de España en materia de derechos humanos para todos los Gobiernos, pues reafirma nuestra íntima convicción de que, por encima de diferencias ideológicas, existe la profunda convicción com partida por todos de que la dignidad de la persona y los derechos inviolables que le son inherentes son fundamento del orden político y de la paz social.
En la actualidad, dos tercios de los países del mundo han abolido la pena de muerte en la práctica en una clara tendencia mundial hacia la abolición, pero hasta que Ilegue a abolirse por completo se requiere la máxima constancia.
El Senado de España considera su deber en estos momentos volver a reiterar de forma explícita su apoyo a este caso para que se celebre un juicio con todas las garantías. Esta Declaración debe realizarse con la máxima prontitud y ello aconseja que sea adoptada de forma unánime por el Senado, pues a lo largo de todo este proceso se ha demostrado la importancia de los apoyos institucionales. Asimismo, es conveniente que el Senado insista en este tipo de oportunidades en su manifestación contraria a la pena de muerte, hasta que se consiga su abolición universal.
Por todo ello, el Senado manifiesta :
1 Su oposición a la pena de muerte en toda circunstancia, con independencia de la gravedad del crimen cometido, así como el respaldo a las iniciativas políticas y diplomáticas para extender su abolición en todos los países del mundo.
2 Su llamamiento a los poderes públicos a que continúen apoyando la defensa de los ciudadanos españoles que hayan sido condenados a muerte o se hallen en riesgo de serlo, y en particular, a Pablo Ibar, para que se desarrolle un nuevo juicio con todas las garantías

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