Faltan menos de cuatro meses para las elecciones del 7 de noviembre, mientras la dictadura Ortega Murillo mantiene en la cárcel a los seis precandidatos presidenciales de la oposición, que tenían mayor proyección en las encuestas para que uno de ellos fuera elegido el candidato único de la oposición.
De manera que en unas elecciones sin competencia política, con un Consejo Electoral controlado por el FSLN, y sin observación internacional, la pregunta que todo mundo se hace no es quién va ganar las votaciones, sino cuales serán las consecuencias políticas y económicas de la cuarta reelección de Daniel Ortega sin legitimidad nacional e internacional.
¿Como va a gobernar Ortega en 2022, en medio de una condena mundial, sin reconocimiento político ni diplomático, y con el consecuente aislamiento de su gobierno en los organismos multilaterales y regionales de crédito, y de las alianzas comerciales con Estados Unidos y Europa?.
¿Cuáles son los costos que le impondrá Ortega a la sociedad nicaragüense, para prolongar su agonía en el poder, y cómo reaccionarán las fuerzas vivas del país, ante un régimen dictatorial, sin legitimidad política?
Ortega ya eliminó a todos los competidores políticos que lo habrían derrotado en una elección libre. Y ahora está decidiendo con la fuerza de la represión cuales son los partidos y candidatos a los que permitirá participar, para fabricar un interlocutor artificial en la Asamblea Nacional, para intentar mitigar la crisis de legitimidad que estallará el 10 de enero de 2022.
La posición de la comunidad internacional es cada vez más clara, mayoritaria y contundente sobre la ilegitimidad de los resultados de las elecciones del 7 de noviembre. No habrá reconocimiento diplomático para la dictadura Ortega Murillo. Y lo que el país debe debatir desde ahora, es cuál será la posición de la bancada minoritaria de los diputados de CxL, del liderazgo empresarial del sector privado, y del liderazgo moral de la iglesia católica. ¿Se acomodarán a la dictadura de Ortega y Murillo, esperando que la solución política venga del exterior, o ejercerán una presión cívica para promover una transición democrática?
Como ocurrió en Peru en el año 2000 cuando el dictador Alberto Fujimori se reeligió en un fraude electoral, sin la participación de la oposición, y seis meses después estalló una crisis política que desembocó en su salida del poder, y la convocatoria a nuevas elecciones, que ganó Alejandro Toledo, en Nicaragua, la única salida democrática es sin Ortega y sin Murillo en el poder, para negociar una reforma electoral con sus sucesores constitucionales, que permita convocar a nuevas elecciones libres en 2022.
Al liquidar las elecciones del 7 de noviembre de 2021, Ortega y Murillo perdieron la última oportunidad de ser parte de un proceso de reformas, que le de una salida democrática a la crisis nacional.
La transición democrática ahora solo es posible a partir de la salida de Ortega y Murillo del poder. Y el primer paso empieza con lograr la liberación de todos los presos políticos, incluyendo los precandidatos presidenciales, y la suspensión del estado policial, para restablecer plenamente las libertades democráticas, y permitir el regreso al país de todos los exiliados.
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