Más de $836 mil millones ha transferido el Estado –desde 2010– a instituciones privadas (OCAS) que prestan servicios al Sename en sus diversas líneas de acción. Sin embargo, algunos de estos colaboradores han mostrado ser ineficientes en su labor, en parte por la mínima fiscalización a la cual son sometidas. Esta falta de control deja dudas sobre cómo y en qué se gasta este dinero. Y no es todo. El Observatorio encontró diferencias gravitantes entre los datos del presupuesto ejecutado y las transferencias realizadas a estos privados. Además, existen instituciones que reciben más del 50% de las transferencias totales de su región, otras que no cumplen sus convenios con los profesionales prometidos y hasta capacitaciones que no se han utilizado de manera efectiva por el Servicio. Todo esto, en el medio de la crisis más grande que ha vivido la institución desde su creación.

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