Es imposible mejorar la realidad de los trámites sin primero conocerla. Los trámites y servicios que ofrecen los distintos órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal, tienen un rol importante para los ciudadanos, empresas y la sociedad en general; lo ideal sería que al realizarlos fueran ágiles, sencillos y simples. Sin embargo, la solicitud de requisitos excesivos, ir de ventanilla en ventanilla y cumplir con regulaciones que conllevan mayores costos que sus beneficios, genera un ambiente propicio para la opacidad, corrupción, disminución de la competitividad y el apego a la informalidad en municipios, estados, e incluso el país.
Ante la complicada realidad, el 31 de octubre del año 2018, se promulgó la Ley General de Mejora Regulatoria (LGMR) a efecto de mejorar la competitividad, productividad y el desarrollo económico del país, puesto que tiene por objetivo establecer las bases y los principios a los que deben sujetarse los tres órdenes de gobierno en el ámbito de sus competencias, con el fin de implementar la política pública de mejora regulatoria, para el perfeccionamiento de las regulaciones y simplificación de trámites y servicios.
A raíz de la publicación de la LGMR (a casi 3 años de su expedición), los estados y sus municipios se dieron a la tarea de dar cumplimiento a lo establecido por dicha ley. Un ejemplo de ello, es que algunos municipios del Área Metropolitana de Guadalajara del Estado de Jalisco, iniciaron con la implementación de sus reglamentos, herramientas, instrumentos y acciones en la materia de mejora regulatoria; la simplificación, digitalización e innovación de trámites, servicios y procesos administrativos fueron parte medular para promover un cambio real para los ciudadanos y empresas.
