Los indígenas, que en muchos casos, fueron expulsados violentamente por los colonos actuales, obtienen el derecho a vivir y explotar sus territorios.

Los terratenientes que ocupan desde hace décadas áreas reclamadas por los indígenas bajo cierta legalidad, compraron las tierras al amparo de muchas lagunas legales que existían sobre esa cuestión antes de la Constitución de 1988.

El juez Alexandre de Moraes ha propuesto una fórmula intermedia para solucionar las discordias, la cual sugiere que, en esos casos, los ocupantes de tierras reclamadas por indígenas las abandonen y sean indemnizados, o que los pueblos originarios sean compensados con otras áreas, de extensiones equivalentes.

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