El Tribunal Supremo imputó ayer un delito de revelación de secretos al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Lo hizo, por unanimidad, en un auto donde recordó que «no se fija la competencia de la Sala Segunda más que cuando se comprueba que existen indicios sólidos de responsabilidad frente a un aforado». En palabras del Alto Tribunal, «no basta cualquier sospecha o conjetura» para investigar a un aforado como lo es el máximo responsable del Ministerio Fiscal en nuestro país.
En la resolución judicial, los magistrados explicaron que el tipo delictivo del artículo 417 del Código Penal, la revelación de secretos, se trata de un «delito especial que sólo puede ser cometido por autoridad o funcionario público en relación a secretos e informaciones conocidas en el ejercicio de su cargo». Y añadieron que ese «conocimiento por razón de su cargo no exige una implicación directa del sujeto en la obtención de la información, bastando que haya llegado a aprehenderla por reuniones o comentarios aislados percibidas en el desempeño de su función».
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