Los activistas de la PAH no han logrado paralizar el desalojo de Cruz, de 58 años; su marido y sus cuatro nietos de entre 9 y 16 años. La empresa Global Tarasca compró la vivienda a Liberbank y no renovó el contrato de alquiler que venció en 2020. Ni una semana después del desahucio de Manuela, su marido y sus cuatro hijos menores en el distrito de Puente de Vallecas (Madrid), este popular barrio ha vuelto ser escenario de otro desalojo ejecutado por las Unidades de Intervención Policial (UIP), los antidisturbios de la Policía Nacional.
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