Según el informe de la OACNUDH, era habitual que la Fiscalía no investigara las violaciones de derechos humanos ni enjuiciara a los sospechosos de responsabilidad penal, y el Defensor del Pueblo no se pronunciaba sobre ellas.
Con frecuencia las autoridades disuadían a las víctimas de presentar denuncias formales, y en los casos de ejecuciones extrajudiciales era habitual que la policía modificara la escena del crimen para garantizar la impunidad de sus acciones.
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