La Suprema Corte de Justicia de México (SCJN) puso un primer alto a la ley que establece que ningún funcionario público puede ganar más que el presidente.
El ministro Alberto Pérez Dayán suspendió la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, aprobadapor el Congreso en septiembre, hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dicte una sentencia al respecto.
"Daño irreparable"
Según el acuerdo del ministro Dayán, al que tuvo acceso El Universal, para evitar que se "cause un daño irreparable" la Corte decidió "conceder la suspensión solicitada para el efecto de que las remuneraciones que perciban los servidores públicos de los poderes de la Unión y de todos los demás entes públicos para el ejercicio de 2019".
La Ley Federal de Remuneraciones estableció el retiro de las pensiones a los expresidentes de México y puso un techo a los funcionarios públicos para que no pudieran ganar más que el Primer Mandatario, cuyo salario se fijó en 108.000 pesos (equivalente a 5.326 dólares estadounidenses) para el 2019. Pero tras la suspensión, sería posible fijar los salarios sin acatar este principio de austeridad.
. La oposición en el Senado de la República presentó este miércoles ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad contra la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 5 de noviembre, con el argumento de que violenta la división de poderes.
La importancia de este recurso, presentando por 55 integrantes de los grupos parlamentarios de PRI, PAN, PRD, MC y algunos senadores de PVEM y PT, estriba en que en su demanda solicitan a la SCJN que les otorgue la suspensión de la entrada en vigor de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, con lo cual esta norma quedaría congelada hasta que el máximo tribunal resuelva si viola disposiciones constitucionales y tratados internacionales.
La SCJN ya aceptó a trámite un recurso presentado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por lo cual la acción de inconstitucionalidad de los legisladores –que tiene argumentos similares– no tendrá problema para su estudio.
Sólo estaría pendiente que el máximo tribunal otorgue o niegue la suspensión solicitada y ello se conocerá en los próximos días, indicaron funcionarios judiciales.
Los partidos de oposición superaron el 33 por ciento de votos requeridos –de acuerdo con la Constitución– para promover ante la SCJN el recurso, con la finalidad de echar abajo una ley que violenta preceptos de la Carta Magna.
Los opositores requerían 43 votos, pero lograron reunir 55, ya que se sumaron algunos senadores del PVEM y dos del PT.
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