Ley indígena impulsada por el gobierno de Patricio Aylwin en 1994 ha acreditado a 15 mil chilenos como indígenas, sin que tengan necesariamente un vínculo sanguíneo con algún pueblo originario. La polémica ha surgido a causa de personas que se estarían aprovechando de la ambigüedad de la ley para recibir beneficios por parte del estado.
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