El exprocurador general de la República supuestamente adquirió equipos de contraespionaje, los cuales eran usados en su villa en Cap Cana, según explica la PEPCA en la solicitud de medida de coerción en contra de jean Alain Rodríguez y demás co-imputados.

Según la acusación el ex procurador habría adquirido equipos especiales de forma irregular y con el supuesto fin de ser utilizados en labores de investigación de las fiscalías, pero según investigaciones eran utilizados en una de sus residencias vacacionales.

La Pepca refiere que el exdirector de tecnología e información de la PGR creó un acceso ilícito en el sistema informático de la Procuraduría utilizando un “formato keylogger” para el ciberespionaje, con el objetivo de “monitorear todo desde cualquier lugar y de manera remota”, “las computadoras utilizadas en el área administrativa y por los fiscales, para lograr así el control de las informaciones personales y procesos penales”, así como también facilitar el borrado de información almacenada en los discos duros.

“Cuando hablamos de la tecnología keylogger nos referimos a una “herramienta informática introducida de manera oculta” (acceso ilícito) en el sistema operativo de las computadoras, la cual es utilizada para “espiar, registrando y almacenando las pulsaciones de los teclados para el robo de contraseñas y control de actividades en el equipo de las víctimas”, asegura el MP

P. 68. Indica el documento en una entrevista realizada al procurador fiscal de Independencia, Sony Adriano Rosario, Jean Alain le pidió un favor el cual consistía en hacer firmar una comunicación donde indicaba “que había recibido un anti dron para su fiscalía”, con la excusa de usarlo en la frontera, pero en realidad dice la Pepca el dron iba a ser usado en una de sus casas para “contrarrestar el espionaje ilegal” lo que accedió a firmar; posteriormente a finales de agosto del año pasado lo llamó la asistente de Rodríguez para solicitarle que hiciera una comunicación “devolviendo el dispositivo”.

Sin embargo, el MP señala que la solicitud de allanamiento se expresa que no se ha encontrado ningún registro oficial de esta supuesta entrega y mucho menos los equipos de forma física en ninguna dependencia del Ministerio Público.

La Fiscalía sostiene que las investigaciones arrojaron que el dispositivo fue adquirido de manera fraudulenta como activo fijo para ser usado en “la villa vacacional ubicada en casa de campo”, propiedad del ex funcionario.

“Espiaron e interceptaron comunicaciones de empleados y cientos de ciudadanos en una maquinaria de espionaje con fines de intimidar, extorisionar y de tener informaciones privilegiadas”, indican los fiscales en su investigación.

A partir del 16 de agosto del año pasado, se realizó un inventario y arrojó que se trataba de un “dispositivo bloqueador de señal tipo mochila” así como el equipo antidrone comprado a la compañía “Aldelay Groupe” el cual fue comprado por la suma de 3.9 millones RD$3.974,156.76MM.

La compra de los referidos equipos fue efectuada en fecha 27 de julio a instancias de “Vilmi Durán”, la asistente del exprocurador, supuestamente para ser utilizados en labores de investigación cuando así las fiscalías lo requirieran.

El entonces director de Tecnología de la Información y Comunicación de la Procuraduría Javier Alejandro Forteza lbarra, fue quien, según la solicitud de medida de coerción, recibió el citado equipo.

Posteriormente, Forteza Ibarra emitió una certificación en fecha de 14 de agosto de 2020, afirmando que este equipo “se lo había entregado al despacho del procurador el 12 de agosto de 2020”

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