Murió el paciente que recibió dióxido de cloro por orden de un juez. La orden había causado rechazo ya que es un tratamiento que no está autorizado por la ANMAT. La familia del hombre que murió va a denunciar al sanatorio Otamendi por “demorar 48 horas en realizar” la práctica y pedirá una autopsia.
El abogado de la familia del paciente fallecido García Rúa, Martín Sarubbi: "Se constituyó el delito de desobediencia. El juez Pico Terrero autorizó la
realización de la práctica y, aún existiendo esa manda, el Hospital Otamendi se negó a hacer la práctica médica.
"Se pudo realizar el tratamiento y, a partir de eso, hubo una franca mejoría en el cuadro de COVID y franca mejoría en el compromiso pulmonar".
"Vamos a pedir la realización de una autopsia y un allanamiento para el secuestro de la historia clínica".
"La Justicia no fue por encima de la medicina. Hay estrictas razones humanitarias".
"No hay evidencia física a favor o en contra, favorable o desfavorables. Le pedimos a la Justicia que determine cuáles fueron las causales de muerte.
"Apuntamos al sanatorio porque se negó a cumplir con la manda judicial. La demora, a partir de la mejora del cuadro clínico, terminó provocando la muerte a raíz de una infección intrahospitalaria".
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