La corrupción en nuestro país tiene impactos negativos que afectan directamente a la competitividad e inversión, a la confianza de la población en cuanto a la realización de trámites, así como en la vida política de nuestro país en donde se han expuesto casos cada vez más frecuentes de actos de corrupción en donde se ven involucrados funcionarios sin importar su filiación política.

Según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, en 2021 la mitad de la población mayor de 18 años considera que la corrupción es el segundo mayor problema solo después de la inseguridad en nuestro país.

Según datos del INEGI, a través de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, por cada 100 habitantes, 15 personas que realizan trámites, pagos, solicitudes de servicio o aquellas que tuvieron contacto con algún servidor público fueron víctimas de algún acto de corrupción, el costo asciende a 9 mil 500 millones de pesos, lo que equivale a 3 mil 44 pesos en promedio por cada persona afectada.

Según este estudio, los estados con más víctimas de la corrupción son Quintana Roo, Puebla, Baja California, Durango y el Estado de México.

Por ello se han creado acciones estratégicas por parte de los gobiernos para combatirla, la Ley general del sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Reformas a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y la creación de instituciones como la Fiscalía Anticorrupción, la Secretaría de la Función Pública, la Auditoria Superior de la Federación, el Consejo de la Judicatura Federal y el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información; que en conjunto son coordinados por el Sistema Nacional Anticorrupción.

A su vez, las leyes formuladas para combatir la corrupción integran a las autoridades y sociedad civil para establecer las obligaciones de los servidores públicos además de formular procedimientos para la detección, investigación y sanción de dichos actos.

Finalmente, un capítulo que cobra importancia es la integridad de las personas morales y físicas, que a través del Compliance, contribuye en gran medida a la transparencia de los gobiernos a través del cumplimiento normativo. El compliance incluye el monitoreo del cumplimiento de obligaciones de los funcionarios públicos y contribuye a respetar el Estado de derecho disminuyendo los altos niveles de corrupción.

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