Agencia MANL
Ecatepec, Méx.- Denuncian ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) al alcalde en funciones, Indalecio Ríos Velázquez, y el director de Seguridad Ciudadana y Vial del municipio, Francisco Javier Díaz González, por ejercicio indebido de la función pública.
El presidente municipal electo de Ecatepec, Fernando Vilchis Contreras, presentó la denuncia recibida por la Fiscalía de Servidores Públicos con sede en Ecatepec, el edil electo solicitó que se investigue la posible responsabilidad de ambos funcionarios en el delito de Ejercicio Indebido del Servicio Público que alcanza una penalidad de dos a siete años de prisión.
Cabe mencionar que en los últimos años los índices delictivos en el municipio se han mantenido al alza, principalmente en delitos de alto impacto como robo de vehículo con violencia, homicidio doloso, feminicidio y asalto a transporte público.
De acuerdo con la denuncia presentada, el jefe de la policía municipal no aprobó el examen de control y confianza obligatorio para todos los miembros de corporaciones policíacas del Estado de México, lo cual fue notificado oficialmente al municipio desde el 31 de enero de 2018.
Desde esa fecha, el funcionario mencionado debió ser separado de su cargo como lo establece la ley, sin embargo, el alcalde le permitió continuar en funciones durante seis meses sin reunir los requisitos obligatorios para poder ocupar la titularidad del área.
En la denuncia presentada, Vilchis Contreras demandó que se investigue la probable responsabilidad de ambos funcionarios por incumplir con las normas vigentes en materia de seguridad, establecidas en el artículo 241 del Código Penal Federal.
Tras presentar la denuncia, la cual será ratificada el próximo 10 de agosto, Fernando Vilchis hizo un llamado a las autoridades estatales y municipales a cumplir estrictamente la ley para garantizar el buen desempeño de las tareas en materia de seguridad y salvaguardar el estado de derecho.
Agregó que la seguridad pública es la principal necesidad de los tres millones de habitantes del municipio, por lo cual las autoridades están obligadas a tomar medidas eficientes y apegadas a derecho para cumplir con su responsabilidad constitucional de garantizar la seguridad física y patrimonial de la población.
