Luego de no poder garantizar el pago de la reparación del daño realizado durante su gestión en Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya se enfrentará a un proceso judicial por operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho, cuya apertura fue ordenada por el juez de control Gerardo Alarcón.
Durante la audiencia celebrada esta noche, el juzgador excluyó 22 de las 39 pruebas aportadas por la Fiscalía General de la República, argumentando que algunas de ellas fueron conseguidas violando los derechos humanos del indiciado.
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