200 familias viven en la incertidumbre. No saben si podrán seguir en sus casas. Habían solicitado acogerse a las medidas de la Junta para evitar el desahucio. De hecho ya se habían iniciado 39 expedientes, aunque solo ha dado tiempo a culminar dos. Su zozobra viene de la decisión del Tribunal Constitucional que ha suspendido la aplicación de la ley andaluza que permitía la expropiación temporal del uso de viviendas ocupadas por familias que iban a ser desahuciadas. Es la segunda vez, pues algo similar ocurrió el año pasado con el decreto andaluz que preveía lo mismo. Es una suspensión temporal hasta que se produzca el fallo definitivo, y decida sobre los recursos del gobierno central que entiende que el ejecutivo autonómico ha invadido sus competencias.

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