La decisión del Gobierno de decretar el estado de alarma (con la vista puesta en que perdure hasta mayo) supuso que, de inmediato, las comunidades pusieran a trabajar a sus gabinetes y servicios jurídicos para modelar y aplicar las medidas que consideran necesarias para su situación epidemiológica, toda vez que el Ejecutivo fija como autoridad competente en la gestión a las autonomías. Mientras en las regiones gobernadas por el PSOE se saludó la decisión de Sánchez, en las populares imperó la prudencia y el silencio.
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