El Gobierno empieza a acusar la presión internacional por su ley de amnistía. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha tenido que desdecirse de sus palabras y viajará a Bruselas para defender el proyecto ante la Comisión Europea en nombre del Ejecutivo de Pedro Sánchez. La decisión de Bolaños se produce tras una carta de advertencia del comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders, y apenas unas horas después de que el comisario español más relevante de la Unión, Josep Borrell, que además es socialista, expresase en público "bastante preocupación por estos acuerdos”.
Las declaraciones de Borrell han sido un golpe muy duro para el PSOE en Bruselas. La consecuencia inmediata es que Bolaños ha tenido que comerse sus propias palabras y ha solicitado una reunión con Reynders. El titular de Presidencia le había dicho al comisario Reynders hace unos días que no tenía nada de qué hablar porque era una propuesta del Congreso.
El viaje de Bolaños prueba que el Gobierno siente la presión de Bruselas no sólo por el descontento de la Comisión, sino también por la montaña de críticas que acumula la amnistía en las principales cabeceras de la prensa internacional, según explican fuentes comunitarias. La Comisión ya dispone del la ley. Y su intención es no pronunciarse sobre la misma hasta su aprobación definitiva, en la que todavía no está claro si habrá enmiendas para incluir el término lawfare, que figura en el acuerdo con Junts pero no aparece literalmente en la proposición registrada por el PSOE en el Congreso.
No es el único rifirrafe entre el Gobierno y la Comisión en las últimas horas. El portavoz de la presidenta Ursula von der Leyen ha tenido que desmentir una información en la que se les atribuía una valoración positiva del borrador de la ley. La Comisión insiste en que esperará a leer y analizar la legislación final que salga de las Cortes antes de emitir su veredicto.
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