Ocho años han pasado.
Cuatro legislaturas, tres proyectos de ley impulsados por las víctimas, y el Estado sigue sin dar respuesta a quienes sufrieron durante el conflicto armado.
En 2016, la Corte Suprema de Justicia de El Salvador ordenó la creación de una ley que garantizara justicia y reparación para quienes vivieron los peores momentos del conflicto armado salvadoreño.
Pero hasta hoy, esa promesa sigue pendiente.
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