No tienen dignidad, ni vergüenza. Y para comprobarlo, basta escuchar al ministro Bolaños, mano derecha del socialista Pedro Sánchez.
Las condenas por delitos sexuales revisadas a la baja en aplicación de la ley del sí es sí son más del doble de las conocidas.
Fuentes judiciales consultadas por El Independiente estiman en al menos 900 las rebajas de penas por agresiones, el doble de las conocidas.
Los tribunales superiores de justicia no están haciendo un recuento oficial de sus resoluciones, por lo que los datos más actualizados son los de los medios de comunicación que se van haciendo eco de las sentencias a medida que éstas se hacen públicas en un goteo incesante desde noviembre de 2022. En aquella fecha se conoció la primera rebaja de condena a un hombre que abusó de su hijastra de 14 años. La Audiencia de Madrid redujo la pena de prisión de los ocho a los seis años como consecuencia de la nueva horquilla penológica de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual que unificó los delitos de abuso y agresión.
Dicha ley fue aprobada por el Gobierno de coalición y entró en vigor en octubre, produciéndose rebajas de penas y excarcelaciones desde ese momento, pues los abogados de condenados por delitos sexuales vieron la oportunidad de pedir revisiones de sentencia en cuanto conocieron el texto del anteproyecto legal. Algunas audiencias provinciales comenzaron a hacer revisiones de oficio, sin solicitarlo las defensas.
El Tribunal Supremo emitió este miércoles su décima rebaja por la ley impulsada por la ministra de Igualdad, Irene Montero. Redujo de ocho a seis años la condena de un pederasta que contactó con un niño de 12 años por Instagram y después se citó con él en un parque, donde masturbó y realizó una felación al niño. La sentencia de la Audiencia de Madrid en la que se le condenó por tales hechos fue recurrida y en la tramitación de tal recurso entró en vigor el cambio legal, de ahí que el alto tribunal aplique al recurrente el marco de la ley del sí es sí de acuerdo con el principio de retroactividad de la ley más favorable para el reo recogido en el artículo 2.2. del Código Penal.
El Gobierno de coalición de PSOE y Podemos aprobó la ley impulsada por Igualdad, aunque en diciembre comenzaron las conversaciones entre los ministerios de Llop y Montero para modificarla viendo el «efecto indeseado» tan «grave», como lo calificaron esta semana tanto la ministra de Justicia como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que había producido.
Ahora, la parte socialista del Gobierno se presenta como solucionadora del problema con la reforma presentada este lunes, que consiste en volver a elevar las penas recuperando la distinción entre actos sexuales no consentidos con violencia o sin violencia para penar más los primeros que los segundos, aunque no los llame abusos y agresiones como se llamaban antes. En cualquier caso, las revisiones de condenas a la baja continuarán porque la reforma legal -en caso de que consiga los apoyos suficientes en el Congreso- sólo tendrá efectos sobre los hechos delictivos que se produzcan a partir de su entrada en vigor. No afectará ni a casos en periodo de instrucción, ni a casos recurridos ante una segunda instancia o ante el Supremo ni a revisiones de sentencia.
Hasta ahora se conocía, por las sentencias que han ido haciendo públicas las audiencias provinciales, que la ley ha beneficiado a más de 400 agresores y más de una treintena han quedado en libertad. Las fuentes judiciales consultadas por este periódico elevan la cifra de resoluciones con las que se rebajan penas al menos a 900.
Algunas audiencias provinciales, como las de Barcelona, Valencia o País Vasco han decidido no ir haciendo públicas sus resoluciones. De ahí que la cifra se eleve de golpe hasta más de la mitad.
