La Defensoría del Pueblo advirtió de la existencia de amenazas a la independencia judicial en el país, lo cual se ve reflejado en la detención del juez Hugo Huacani, por una denuncia de prevaricato interpuesta por el Viceministro de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, Guido Gustavo Melgar, tras haber dispuesto la modificación de medidas cautelares en un causa ordinaria en la que el Gobierno es parte.
“Sorprende que la modificación de una medida cautelar que no implica la definición sobre el fondo de una causa donde el Ejecutivo es parte, ilegalmente pretendan subsumirla en el tipo penal de prevaricato y que en menos de 12 horas la policía diligente y arbitrariamente aprehenda a la autoridad judicial”, cuestionó la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, quien además, lamentó que este accionar afecta la prosecución del proceso sobre corrupción en la adquisición de 170 respiradores, hecho que va contra la vida y salud de la población.
Cruz, asimismo, hizo conocer, según denuncia recibida, que la Asociación de Magistrados de La Paz sería objeto de persecución como consecuencia de la emisión de determinaciones judiciales apartadas de los intereses del Gobierno, hecho que se vería reflejado en amenazas a jueces y fiscales, en caso de asumir decisiones contrarias a la línea gubernamental, dentro de procesos penales; como lo ocurrido el 19 de abril, cuando el titular del Ministerio de Gobierno, amenazó con hacer pública una lista de fiscales y jueces que presuntamente tendrían fortunas provenientes de hechos ilícitos o, en otras oportunidades, cuando mencionó que el Gobierno procesará penalmente a jueces y fiscales que liberen o favorezcan a criminales.
