El crimen del Cash Record de Lugo llega a juicio: un caso único en la historia que se juzgará casi 30 años después de suceder
Manuel Juan V. C. se sentará en el banquillo tras casi tres décadas por el crimen de dos empleados de una tienda del polígono de O Ceao. El fiscal no acusará porque no ve indicios suficientes. Se le juzgará según la ley del año 1994
28 años, 9 meses, y 5 días. Ese es el tiempo que habrá transcurrido desde que se produjo el crimen del Cash Record de O Ceao (Lugo), hasta que el principal sospechoso sea juzgado. Casi tres décadas después de que un atracador asesinase a tiros a Esteban Carballedo y a Elena López, dos jóvenes empleados de una tienda del polígono lucense, el único procesado de se sentará en el banquillo de la Audiencia Provincial de Lugo para responder por el crimen.
Todo sucedió una cálida tarde de abril. Era domingo, día 30. Cerca de las ocho de la tarde, una persona entró en la tienda del Cash Record de O Ceao. Allí estaban Elena, que era cajera, y Esteban, reponedor, a punto de cerrar el negocio. El cliente les disparó a bocajarro y los mató al instante. Se llevó cerca de cinco millones de pesetas y se marchó, supuestamente con la ayuda de un cómplice que lo ayudó a escapar.
La hermana de Elena encontró los cadáveres. Al ir a buscarla a la salida del trabajo, como hacía habitualmente, acompañada de los hijos de la asesinada, se topó con los cuerpos. La policía acudió al establecimiento de inmediato, pero no había ni rastro del tirador. O eso se creía.
El sospechoso del doble crimen del Cash Récord: «Frío, desafiante y con un gran historial delictivo»
Manuel Juan V. C., que tiene 56 años actualmente, era entonces gerente de un establecimiento de hostelería, el bar Los Ángeles, ubicado en la rúa Nova, en el centro de Lugo. Este lunes, se sentará en el banquillo por primera vez como único acusado de los dos crímenes. Se le imputan dos delitos de asesinato, uno de robo con violencia con muerte dolosa y uso de armas, y otro de tenencia ilícita de armas de fuego, por lo que se enfrenta a 28 años de prisión.
Su figura siempre estuvo presente en la causa, pero no adquirió una importancia real hasta casi 20 años después del suceso. La policía siempre lo vio como el principal sospechoso, pero nunca se llegaron a tener pruebas contundentes contra él. Se rumoreó que le había ofrecido a otros delincuentes habituales de la ciudad atracar una nave de O Ceao, según alguna de las declaraciones de la fase de diligencias, pero nunca estuvo claro. Se le ha vinculado con otros crímenes, pero jamás se han podido atar los cabos sueltos.
Problemas con la ley desde joven
Su bar era un lugar de un ambiente cargado, con mucho humo, música alta y un perfil de clientela conflictivo. Era sabido por todos que en aquel lugar tenían lugar negocios relacionados con el tráfico de drogas, por ejemplo, o con el intercambio de armas.
De hecho, una redada en agosto del año 1993 fue el primer encontronazo serio que Manuel Juan V. C. tuvo con las autoridades. En aquel episodio, «se le intervinieron dos armas: una pistola modelo Star BM, de calibre 9 mm Parabellum (como la usada para cometer el doble asesinato) y una pistola STAR modelo 380 calibre 9 mm corto. Tras efectuarse un registro en el Bar Los Ángeles, se le intervinieron a mayores 100 cartuchos del calibre 9 mm. Parabellum, marca SB», según el sumario. Además de esa condena por tenencia ilícita, también constan sobre él otra por tráfico de drogas y por conducir sin carné.
Años después, se marchó a vivir a Burgos, donde permaneció en el anonimato hasta que la jueza lo llamó a declarar.
En septiembre del 2021, se presentó en el juzgado. Entonces, se defendió afirmando que, aquel día, estuvo en su bar. No hay testigos que lo hayan podido corroborar, pero tampoco desmentir, por lo que es complicado valorar su coartada. Además, justificó su procesamiento en «antiguas riñas» con drogadictos de Lugo, que habrían intentado implicarle en el crimen como venganza tras episodios pasados. La jueza encargada del caso y la Audiencia decidieron, en los últimos meses, continuar el proceso contra él y llevarlo a juicio.
Poco antes de que se cumpliesen 20 años del caso (en el 2013), se imputó a Manuel Juan V. C. como posible autor de las muertes. Un equipo de la Policía Judicial de Madrid, tras analizar nuevos indicios y testimonios, decidió investigar oficialmente al sospechoso. Esta imputación hizo que se eliminase la posibilidad de prescripción del procedimiento.
Quien no ha visto indicios de culpabilidad es el fiscal del caso. Durante todo el proceso, se ha mantenido al margen, e incluso pidió el sobreseimiento de la causa. Ya ha confirmado que no acusará y, de nuevo, ha pedido el archivo del proceso.
Sin jurado popular, sin poder pedir la permanente revisable y con la ley del 1994
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