Normalmente la administración pública se debe comunicar con los administrados por escrito, regularmente por medio de actos administrativos, pero hay ocasiones en que esta no realiza ningún tipo de manifestación escrita frente a peticiones iniciales o respecto de los recursos que en sede administrativa puedan presentar las personas, caso en el cual nos encontramos frente a la figura jurídica del silencio administrativo.
El silencio de la administración se da cuando hay ausencia de decisión o manifestación por parte de ella, pero dicha carencia de respuesta se entiende como una respuesta; tal silencio adquiere valor jurídico cuando el transcurso del tiempo máximo definido por la ley para adoptar una decisión, sin que se pronuncie la entidad, hace presumir la existencia del acto que resuelve la actuación, bien sea con efectos positivos o negativos, para garantizar al administrado su derecho al debido proceso.
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