El Juicio a las Juntas representa un antes y un después en la lucha contra la impunidad y el castigo a los responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos en nuestro país durante la represión ilegal, y constituye un suceso fundamental para la construcción de una sociedad basada en los principios de Memoria, Verdad y Justicia.
El acontecimiento significó un antes y un después en la historia de la democracia argentina del siglo XX. El coraje y la valentía políticas del flamante gobierno del presidente Raúl Alfonsín, que decretó el juzgamiento de las Juntas Militares y creó la Comisión Nacional de Desaparición de Personas que investigó las violaciones a los derechos humanos, y el activismo y compromiso de las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos como las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, lograron llevar a cabo el juicio en un momento en donde la estabilidad y permanencia de la democracia recién recuperada todavía no estaba del todo asegurada.
El 22 de abril de 1985 la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal integrada por los jueces Carlos Arslanián, Jorge Torlasco, Ricardo Gil Lavedra, Andrés D'Alessio, Jorge Valerga Aráoz y Guillermo Ledesma inició el histórico juicio a los jefes de la última dictadura militar, acusados de perpetrar violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad: Jorge Rafael Videla, Emilio Massera, Roberto Viola, Armando Lambruschini, Raúl Agosti, Omar Domingo Rubens Graffigna, Leopoldo Galtieri, Jorge Anaya y Basilio Lami Dozo.
La sentencia dictada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal el 9 de diciembre de 1985 confirmó la noción de un plan sistemático de exterminio y condenó a los acusados Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera a la pena de reclusión perpetua; a Orlando Ramón Agosti a cuatro años y seis meses de prisión; a Roberto Eduardo Viola a diecisiete años de prisión y a Armando Lambruschini a la pena de ocho años de prisión, con accesoria de inhabilitación absoluta perpetua en todos los casos.
El 24 de marzo de 2004, el entonces presidente Néstor Kirchner pidió perdón en nombre del Estado por las atrocidades cometidas durante la dictadura en un acto realizado en la ESMA, el mayor centro clandestino de detención y tortura del régimen represivo, recuperada a partir de ese momento para erigir un Museo de la Memoria. Posteriormente, la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final por el Poder Legislativo de la Nación y la declaración de su inconstitucionalidad por parte de la Corte Suprema de Justicia posibilitaron el reinicio de las investigaciones y los juicios en todo el país por los delitos cometidos por el terrorismo de Estado.
