Para combatir los desahucios, la Junta de Andalucía dictó un decreto. Vivienda embargada por el banco, vivienda expropiada al banco. Para quienes iban a ser desahuciados, ofrecían tres años de alquiler social a cambio del 25% de sus ingresos. Para las promotoras con viviendas vacías y los bancos, el decreto permitía multas de hasta 9.000 euros. Elena Cortés fue consejera de Vivienda en Andalucía por IU y la principal impulsora de la ley. "Con el decreto en vigor se pararon entre 3 y 4 desahucios al día en Andalucía".
