El gobierno de Iván Duque anunció que iniciará una ofensiva contra el Ejército de Liberación Nacional y grupos disidentes de las FARC. Paralelamente, un informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos demandó a Colombia que cumpla con los acuerdos de paz y frene el asesinato de activistas y líderes sociales a manos de organizaciones paramilitares y fuerzas de seguridad.
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