La reciente condena de 10 años de prisión para el intendente Alfonso Quinchan y la patrullera Dana Canizales ha desatado un verdadero escándalo en Colombia. En un giro digno de una novela de suspenso, estos dos policías decidieron "chuzar" a Mar Elvis Mesa y Fabiola Perea, acusándolas injustamente de vínculos con el Clan del Golfo. La trama comenzó con un maletín perdido que, en vez de ser investigado como corresponde, se convirtió en un motivo para usar tácticas ilegales de espionaje.
Lo más impactante es que la autorización para las interceptaciones fue tan falsa como un billete de $5.000. Los policías, al aceptar su responsabilidad, lanzaron la típica frase de "solo seguía órdenes", dejando en el aire la pregunta de quién les dio esas órdenes. La situación se complica aún más con la sombra del coronel Carlos Feria, jefe de seguridad presidencial, quien podría estar involucrado.
Mientras tanto, las víctimas sufrieron procedimientos de interrogación que parecerían más adecuados para un reality show que para un juicio. Este caso no solo revela las fallas en la justicia, sino que también refleja la cultura de impunidad en la que operan algunos miembros de la fuerza pública. La condena es un recordatorio de que la justicia, aunque a veces parezca lejana, debe prevalecer y que las chuzadas ilegales no quedarán sin respuesta.
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