Están en quiebra y por ellas cada vez circulan menos coches. Las nueve autopistas que se van a integrar en una sociedad pública para evitar su liquidación están dándole quebraderos de cabeza a quienes expropiaron sus tierras para construirlas. Después de diez años, las empresas adjudicatarias no les han pagado porque se han declarado insolventes. Será Fomento quien asuma el pago y, aunque el Ministerio insiste en que no será con dinero público, no ha concretado de dónde va a sacar esos 1.800 millones de euros.
