A muchos puede parecerles que el fin de la guerra en Afganistán, que está por cumplir diez años, no está cerca todavía, pero América Latina ha soportado una lucha más larga aun y recientemente se ha vuelto mucho más sangrienta: la "guerra" contra el tráfico de drogas. Tan trillada --y violenta—se ha vuelto esa guerra que muchos latinoamericanos se preguntan cuál de los bandos es el que tiene la peor adicción patológica. La nueva estrategia que ha estado promoviendo la secretaria de Estado estadounidense para cortar el crecimiento de los asesinatos relacionados con el narcotráfico --que según filtraciones de algunos informes del gobierno mexicano han sido más de 22,000 desde finales de 2006—es crear "comunidades más fuertes y resistentes". Ciudad Juárez, una extensa ciudad fronteriza mexicana que se ha convertido en la capital mundial de los asesinatos, tendría que ocupar un lugar prioritario en esa lista. No obstante, abordar los arraigados problemas sociales y económicos de una ciudad como Juárez es mucho más difícil que llenar sus calles con 8,000 soldados armados con rifles de asalto. En este aspecto, el presidente mexicano, Felipe Calderón, se ha mantenido fiel al guión que se ha escrito para escenarios previos de la guerra contra las drogas, ya sea en Bolivia, Colombia o Perú, donde los gobiernos han utilizado la fuerza militar y la extradición para aplacar a los Estados Unidos y castigar a quienes tienen menos voz e influencia. Pero el lenguaje que utiliza la administración Obama para describir la violencia y la corrupción gubernamental que permea desde los Andes hasta la frontera estadounidense está comenzando a integrar una nueva forma de pensar sobre los narcóticos. Tres ex presidentes latinoamericanos, el segundo hombre más rico de México, Ricardo Salinas, y la Suprema Corte de Argentina, entre otros, han criticado la guerra contra las drogas y se han referido a ella como un fracaso manifiesto que ha bajado el precio de venta en la calle, ha fomentado la producción y ha socavado a los Estados débiles.
Sin embargo, la inercia de la superestructura burocrática de combate a las drogas (que cuesta aproximadamente 40 mil millones de dólares tanto en los Estados Unidos como en la Unión Europea), apoyada por un arraigado temor a la "amenaza" que representan las drogas y los cárteles, parece ejercer presión repetidamente para que las políticas se dirijan hacia la conocida opción de la represión en piloto automático. Por ejemplo, el apoyo estadounidense a la campaña mexicana contra los cárteles parece estar tallada en piedra, y el Congreso está aparentemente dispuesto a proporcionar 300 millones de dólares para actualizaciones militares y de seguridad durante un año más. INFORMACION TOMADA DE: [ Ссылка ]
