Según Ávila, los políticos dividen las ciudades en lo que ellos llaman “distritos electorales o franquicias”, en los que cada territorio tiene varios líderes a los que les pagan para que ellos “confisquen las cedulas de los ciudadanos” durante cuatro meses para finalmente el día de la votación devolver las cedulas a los ciudadanos y a través de los testigos electorales certificar que el ciudadano vote por determinado candidato.
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