El impacto de la desaparición de un ser querido es una de las consecuencias humanitarias más dañinas y duraderas de los conflictos armados, otras situaciones de violencia, migración y desastres naturales.
Las desapariciones no solo representan tragedias inconmensurables para las familias y comunidades afectadas, sino que también constituyen un obstáculo importante para la paz.
El problema de los desaparecidos adquiere una dimensión verdaderamente global cuando se superpone con la migración. Miles de personas desaparecen cada año a lo largo de rutas migratorias precarias alrededor del mundo. La gran mayoría de estos permanecen sin identificar.
En América Latina, se registran cientos de miles de personas desaparecidas a causa de los conflictos armados del pasado y presente, las actuales situaciones de violencia armada, las constantes migraciones y desastres naturales. Atender esta problemática es un verdadero reto humanitario en la región.
A lo largo del continente, faltan cifras confiables sobre los desaparecidos. En muchos de estos países no se han desarrollado sistemas de gestión eficaces y centralizados para abordar el problema, lo que hace difícil diseñar e invertir en políticas públicas que prevengan y ayuden a resolver los casos de desapariciones, y que puedan responder a las necesidades de los familiares.
En general, los sistemas no están conectados y las familias tienen que tocar en múltiples puertas, sólo para recibir información parcial.
Debido a los conflictos armados que afectaron a la región durante las últimas décadas, se estima que en Colombia al menos 83 mil personas han desaparecido, en Guatemala más de 45 mil, en Perú más de 20 mil y en El Salvador más de 5 mil.
Hoy en día, muchas personas siguen desapareciendo en América Latina debido a situaciones diversas en contextos de violencia. En México, más de 40.000 personas fueron reportadas desaparecidas entre 2006-2019; en Brasil se registraron más de 80.000 casos en 2017 (aún sin datos para 2018).
En países como Guatemala o Colombia, la espera de las familias se hace interminable. Algunas llevan más de 20 años sin tener noticias de sus seres queridos desaparecidos.
Por otro lado, muchos migrantes de América Latina desaparecen todos los años a lo largo de las rutas migratorias; otros son víctimas de secuestro o fallecen como consecuencia de la violencia armada, o desaparecen debido a desastres naturales.
Más allá de las diferencias de cada contexto, las necesidades de las familias se parecen: necesitan saber qué pasó con su familiar desaparecido; sufren la falta de apoyo institucional en la búsqueda; padecen discriminación y olvido por parte de la sociedad; la salud mental, tras años de espera y entrega a la búsqueda, se ve afectada y las familias no reciben el apoyo que necesitan.
Las autoridades estatales tienen la responsabilidad primaria de prevenir las desapariciones y responder a las necesidades de las familias de los desaparecidos. Sin embargo, el CICR también desempeña un papel importante: para contribuir a responder a estas necesidades, el CICR cuenta con equipos multidisciplinarios integrados, entre otros, por profesionales jurídicos, forenses y psicosociales que brindan apoyo a familiares y autoridades.
Dialogamos y ofrecemos apoyo técnico a las autoridades locales para elaborar o perfeccionar la legislación y generar o fortalecer mecanismos de búsqueda y de atención a las familias.
En Perú, hemos promovido la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que se aprobó en junio de 2016. También participamos en gestiones que culminaron en la promulgación, dos años más tarde, de un decreto presidencial para crear el Banco de Datos Genéticos (BDG) para la búsqueda de personas desaparecidas en ese país durante el período de violencia 1980-2000.
En México, a principios de 2018 entró en vigor la Ley General en Materia de Desaparición de Personas y, con ella, se creó el Sistema Nacional de Búsqueda. Esta ley fue diseñada junto con los familiares y ellos mismos fueron los principales protagonistas de su aprobación. Hemos hecho recomendaciones en el proceso de elaboración de la ley y estamos acompañando su implementación tanto a nivel federal como en distintos estados del país.
En El Salvador, estamos acompañando a las familias y a la Procuraduría de Derechos Humanos en una iniciativa de ley sobre migrantes desaparecidos y sus familiares.
Durante 2018 en la región:
- 287.310 llamadas telefónicas fueron facilitadas a las familiares separados
- 1.165 nuevas solicitudes de búsqueda de personas desaparecidas se abrieron en 9 países
- 3.515 solicitudes de búsqueda aún se encuentran abiertas en 11 países hasta
fines de 2018
- 1.137 familias de personas desaparecidas recibieron apoyo psicológico y psicosocial en 4 países*
- Asesoramos a 6 países en la elaboración de legislación nacional y medidas relativas a las personas desaparecidas y sus familias*
* Cifras estimadas
