Audiencia: Denuncias de asesinatos, desapariciones y tortura en Coahuila de Zaragoza, México
165 Período de Sesiones en Uruguay
Martes 24 de octubre de 2017
Los solicitantes de la audiencia resaltaron la falta de transparencia e impunidad que caracteriza a las desapariciones forzadas, tortura y ejecuciones extrajudiciales en México. En particular, denunciaron la participación y cooperación de fuerzas del orden del estado de Coahuila en la comisión de estos crímenes por parte del cartel de los Zetas. Asimismo, los solicitantes destacaron que los crímenes cometidos en Coahuila en el período de 2009 a 2016 pueden ser considerados como crímenes de lesa humanidad, ya que responden a los patrones de generalizado, sistemático, y contra la población civil. Para ilustrar estos patrones, las organizaciones solicitantes informaron sobre dos casos emblemáticos. En primer lugar, se refirieron a las ejecuciones ocurridas en la prisión de Piedras Negras, centro penitenciario que se encuentra controlado por los Zetas; y por otra parte, destacaron los hechos de la Masacre de Allende, que resultaron en que entre 60 y 300 personas fueran secuestradas y asesinadas como represalia por la entrega de información a la DEA por ex miembros de los Zetas. Al respecto, expresaron que las autoridades no actuaron para hacer frente a estos actos violentos y que por el contrario, existen testimonios de la colaboración de las fuerzas de seguridad en los mismos. Por su parte, el Estado reafirmó su compromiso con la prevención y sanción de las violaciones a los derechos humanos, y aceptó los grandes desafíos que plantea la delincuencia organizada para el país. Asimismo, presentó avances a nivel federal en la materia, entre los que destacan, la Ley General para Prevenir y Combatir la Tortura y la Ley General de Desaparición, que se encuentra en proceso de ser promulgada. En particular, respecto de la situación en Coahuila, el Estado mexicano presentó distintas políticas y protocolos para hacer frente a las desapariciones. En relación con las investigaciones de los casos de Piedras Negras y de Allende, el Estado informó que se han confirmado sentencias contra funcionarios de la policía municipal. La CIDH expresó su preocupación por la alegada participación de funcionarios públicos en estos crímenes e hizo un llamado a integrar el contexto de estos crímenes a las investigaciones, y a realizar un análisis comprehensivo que permita determinar el origen de la violencia.
