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La Guardia Civil y los Mossos d’Esquadra han llevado a cabo dos detenciones en Albania, dentro de un amplio dispositivo realizado los días 8 y 9 de noviembre para la desarticulación de una organización criminal transnacional, que estafaba a sus víctimas mediante supuestas inversiones en criptomonedas.

El número de perjudicados podría ascender a cientos de miles y en España se estima que más de 17.000 personas habrían sido víctimas de esta organización criminal. Se calcula que la red investigada obtenía unos 400 euros al minuto y desde el comienzo de la investigación, habrían logrado beneficios cercanos a los 2.400 millones de euros.

Inicio de la operación
El inicio de la investigación se remonta al año 2018, cuando se recibieron las primeras denuncias en Mossos d’Esquadra y Guardia Civil. En la primera de ellas una mujer de edad avanzada denunció que le habían robado más de 800.000 euros, explicando en su denuncia que el engaño se había producido a partir de una llamada telefónica en la que un supuesto “experto en finanzas” le propuso realizar inversiones millonarias en criptomonedas.

En principio, la mujer sólo debía transferir 250 euros, pero los grandes beneficios que los estafadores simulaban obtener hicieron que la mujer acabara invirtiendo importantes cantidades de dinero. En ese momento la organización criminal instaló un programa en el ordenador de la víctima para controlar todos sus movimientos económicos, haciéndole perder los ahorros que tenía en sus cuentas bancarias.

Modus operandi
Falsos brokers contactaban con víctimas potenciales desde centros de llamadas ubicados en Albania, simulando un gran conocimiento del mundo de las finanzas, manipulando a los potenciales inversores con técnicas persuasivas y ofreciendo grandes beneficios partiendo de pequeñas inversiones. En realidad, se trataba de auténticos estafadores que las engañaban mediante técnicas de ingeniería social para que realizaran inversiones en plataformas web controladas por la organización criminal.

Las inversiones iniciales eran de 250 euros y pronto informaban a la víctima de supuestos grandes beneficios, por lo que la confianza hacia su broker evolucionaba favorablemente y ocasionaba que ésta siguiera depositando más dinero en la plataforma, pudiendo llegar a ceder cientos de miles de euros a lo largo de su relación con su manipulador. Con esos datos falsos, los supuestos brokers hacían creer al inversor que sus ganancias se multiplicaban exponencialmente, ayudando a mantener su interés por la inversión.

Por otra parte, durante el proceso de engaño el estafador conseguía que su víctima autorizara la instalación de software de acceso remoto a su ordenador personal y de esta forma se aseguraba poder acceder a información bancaria y claves de acceso a cuentas.

Cuando el inversor quería detraer todo o parte de los beneficios obtenidos, el estafador le pedía más dinero para poder retirar los fondos con diferentes excusas, como el pago de impuestos o supuesto fallos del sistema. En caso de no conseguir más inversión por parte de la víctima, la organización accedía a la información bancaria personal y le vaciaban las cuentas.

Coordinación e impulso de la operación
Al inicio de la investigación, los Mossos d’Esquadra detectaron más de un centenar de páginas web controladas por la organización criminal y se comprobó que había una empresa que estaba siendo investigada por Unidades de la Guardia Civil (Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Huesca y la Unidad de Policía Judicial de la Zona de Cataluña), por lo que a mediados de 2019 se estableció un Equipo Conjunto de Investigación (ECI) entre ambos cuerpos.

El hecho de que existieran otros países europeos que se encontraban investigando este tipo de estafas con el mismo modus operandi, dio lugar a una investigación transnacional que ha sido coordinada por Eurojust en la que han participado conjuntamente unidades de distintos cuerpos policiales repartidos por toda Europa, entre las que destacan, Unidades de investigación de la Guardia Civil, Mossos d’Esquadra de la División de Investigación Criminal (DIC) y de las policías de Alemania, Suecia, Finlandia, Letonia, Albania, Ucrania y Georgia.

Hay que destacar el importante esfuerzo que ha realizado la Policía de Ucrania durante el desarrollo de la investigación y en la fase de explotación, con la desarticulación de un call center en Kiev con más de 800 trabajadores.

Eurojust creó un equipo de investigación conjunto (JIT) en el año 2020 entre todos los países participantes y, durante dos años, ha coordinado las investigaciones y la ejecución de órdenes de detención internacionales, órdenes europeas de investigación y comisiones rogatorias en terceros países.

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